De la inclusión financiera al riesgo del endeudamiento insostenible
La digitalización y los nuevos esquemas de crédito ampliaron el acceso al sistema financiero, pero ese acceso no siempre se traduce en una inclusión real. Sin transparencia, protección de los usuarios ni educación financiera, se corre el riesgo de consolidar un modelo frágil y de alto costo social.
En los últimos años, el término “inclusión financiera” se volvió un lugar común dentro del discurso económico argentino. Algunas empresas y plataformas digitales suelen presentarse como protagonistas de un cambio estructural, bajo la idea de que abrir una cuenta digital o tomar un crédito desde el celular equivale a generar inclusión en el sistema financiero. Pero esta postura omite algo central: tener acceso no siempre significa inclusión real. Y mucho menos, inclusión sostenible.
Sin duda, los avances tecnológicos generaron beneficios, facilitando la apertura de cuentas y el uso de medios de pago digitales. Ya hace algunos años que las personas mayores de 18 años cuentan con una cobertura casi total de cuentas bancarias o billeteras virtuales, alcanzando niveles cercanos a la universalidad. Pero ¿es sostenible ese acceso si lo que le sigue es el endeudamiento crónico, con tasas impagables y sin herramientas para salir de esa situación?
Veamos algunos datos. Los créditos ofrecidos por las nuevas plataformas digitales presentan tasas de morosidad que superan el 20%, según cifras recientes del propio BCRA. En el caso del sistema financiero tradicional, la mora promedio trepó al 5,2%, el registro más alto de los últimos 15 años. Los altos niveles de mora hablan del deterioro de la situación económica, pero también de un modelo de negocios que presta a sectores con alta vulnerabilidad, algunas veces sin evaluar adecuadamente su capacidad de pago.
El último informe elaborado por nuestro equipo de investigación analiza la irregularidad de pago en una de las fintech más importantes de la Argentina. Dos datos llaman la atención: por un lado, los jóvenes de hasta 35 años representan el segmento más irregular, con una mora promedio que alcanza el 39%; por otro lado, la mora se ubica cerca del 50% en quienes, sin distinción de edad, solicitan montos bajos (entre 10 mil y 30 mil pesos). No podemos dejar de señalar que estos pequeños préstamos son, muchas veces, los primeros pasos en la construcción de un historial crediticio que, de ser negativo, limita y perjudica a largo plazo la relación de esas personas con el sistema financiero.
Como contrapartida, para compensar esas altas tasas de morosidad, el Costo Financiero Total (CFT) de muchos de estos préstamos supera ampliamente el 400% anual, y en algunos casos llega a superar el 500%. Se trata de productos pensados para el corto plazo, con condiciones poco claras y que, en un contexto económico complejo, terminan dejando atrapadas a las personas en ciclos de deuda muy difíciles de revertir.
La expansión de este modelo no es responsabilidad exclusiva del sector privado ni de las empresas de tecnología financiera. Desde el Estado nacional se facilitan estos esquemas sin políticas públicas claras que exijan transparencia, protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros o mecanismos de evaluación crediticia responsables. Con el debilitamiento de las funciones del Banco Central o el impulso de esquemas digitales de alto riesgo financiero, el Gobierno nacional termina consolidando un mercado donde gana el más fuerte.
En la Provincia de Buenos Aires trabajamos sobre otro paradigma. Desde Provincia Microcréditos, la empresa de inclusión financiera y desarrollo productivo de Banco Provincia, impulsamos líneas de asistencia financiera sostenible para emprendedores, comercios y microempresas. Llevamos más de 430 mil créditos históricos otorgados a un sector de la economía que no cuenta con acceso al sistema bancario tradicional y nuestra cartera de más de 75 mil clientes tiene hoy una mora que apenas ronda el 4%. Además, desarrollamos cursos y videotutoriales para capacitar a emprendedores y emprendedoras bonaerenses, con más de mil clientes inscriptos y 70 mil visualizaciones.
Desde el banco público provincial también desplegamos políticas activas de educación financiera como el programa Rico.en.Data, diseñado junto al Gobierno bonaerense, que ya alcanzó a más de 40 mil estudiantes secundarios. También impulsamos Cuenta DNI, la primera billetera virtual de un banco público argentino que hoy supera los 10 millones de usuarios y que logró ampliar el acceso a medios de pago de forma simple y con beneficios concretos.
Esta articulación apunta a un mismo objetivo: que el crédito y la tecnología sean instrumentos para el desarrollo productivo y la inclusión real, no mecanismos que reproduzcan la desigualdad y el endeudamiento.
En definitiva, no se trata de rechazar los avances de la tecnología ni de tomar partido por alguno de los distintos actores del sector privado. La digitalización de servicios financieros es una oportunidad enorme para cerrar brechas históricas. Pero esa oportunidad se pierde si lo que se ofrecen son productos que solo persiguen la rentabilidad corporativa sin ubicarse en el marco de un proyecto de desarrollo económico y social. Sin protección de las y los consumidores, sin educación financiera y sin un Estado que garantice derechos, hablar de inclusión es un eufemismo. La verdadera inclusión no se mide en cantidad de cuentas abiertas, sino en la capacidad de transformar el crédito en una herramienta que permita construir un futuro con desarrollo.
Leibovich, F. (2025, 17 octubre). De la inclusión financiera al riesgo del endeudamiento insostenible. Perfil. https://www.perfil.com/noticias/opinion/de-la-inclusion-financiera-al-riesgo-del-endeudamiento-insostenible.phtml
