Los límites de la digitalización forzada: Riesgos y distorsiones de la Ley de Economía Digital
La digitalización financiera ofrece beneficios indiscutibles al incrementar la productividad, reducir costos operativos y expandir el acceso al crédito mediante la innovación. Aunque México ostenta una economía digital en expansión —evidenciada por el volumen de operaciones en el SPEI, la banca móvil y el comercio electrónico—, persiste una economía de consumo de bajo valor altamente dependiente del efectivo, valorado por los usuarios por su inmediatez, confiabilidad y anonimato.
En este contexto, la iniciativa de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca reducir el uso de dinero físico imponiendo obligaciones estrictas a comercios y entidades financieras. Sin embargo, su orientación sugiere un objetivo predominantemente fiscalizador que podría generar distorsiones económicas severas.
Implicaciones y vulnerabilidades del proyecto de ley
El análisis de la iniciativa revela diversos frentes de riesgo para la economía y el sistema financiero:
Riesgo de inconstitucionalidad y desventaja competitiva: La prohibición del efectivo en “sectores estratégicos” que determine la SHCP contraviene la Ley Monetaria, la cual otorga poder liberatorio ilimitado a las monedas y billetes emitidos por Banxico. Esta medida impone costos arbitrarios a comercios seleccionados, poniéndolos en desventaja e induciendo incentivos para la informalidad y la corrupción.
Mandatos sobre la infraestructura de cobro (Códigos QR / CoDi): La regulación contempla obligar a los adquirentes a procesar pagos mediante códigos QR para revivir la plataforma CoDi. No obstante, esta intervención ignora la baja adopción histórica del sistema —derivada de la restricción para cobrar comisiones y la preferencia del público por tarjetas contactless—, limitando la innovación guiada por la oferta y la demanda.
Aumento de cuentas simplificadas: Aunque la obligación a entidades financieras para promover cuentas de depósito simplificadas (Nivel 2 y posteriores) puede facilitar la captación, imponer plataformas de preferencia gubernamental desvirtúa la neutralidad regulatoria.
El autor concluye que la política pública debe respaldar la libre competencia entre medios de pago y la libertad de elección de los ciudadanos, en lugar de utilizar decretos e imposiciones que distorsionan el mercado.
Fuentes:
Sánchez González, M. (14 de octubre de 2026). Los límites de la digitalización forzada. El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-sanchez-gonzalez/2026/10/14/los-limites-de-la-digitalizacion-forzada/
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