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Plataformas fintech, tendrán su primera prueba de fuego antilavado
Las firmas autorizadas por la CNBV deberán de presentar su primer informe de auditoría en materia de prevención de blanqueo de capitales.
El ecosistema de tecnología financiera (fintech) está por vivir su primera prueba de fuego como sector regulado parte del sistema financiero mexicano y es que las firmas autorizadas deberán de presentar su primer informe de auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, indicó la firma YG Consultores.
De acuerdo con el despacho encabezado por Yoliztli Gutiérrez, las firmas que actualmente están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberán de cumplir con todos los lineamientos que exige la autoridad en materia de prevención de blanqueo de capitales y uno de ellos es el informe de auditoría.
Hasta la fecha, la CNBV ha publicado en el Diario Oficial de la Federación 24 autorizaciones a plataformas para operar al amparo de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como ley fintech.
De las 24 instituciones autorizadas, 14 han sido para constituirse y funcionar como instituciones de Fondos de Pago Electrónico, mientras que 10 para operar como instituciones de Financiamiento Colectivo..
En este contexto, la firma YG Consultores apuntó que las plataformas fintech autorizadas deben presentar próximamente su primer informe de auditoría en materia de prevención de lavado de dinero, donde se evaluará el cumplimiento de obligaciones en esta materia.
De acuerdo con la CNBV, el objetivo del informe de auditoría es brindar a los sujetos supervisados la información necesaria para adoptar medidas que les permitan ser más eficientes en sus procesos, mecanismos y herramientas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como para establecer planes de acción para mejorar áreas de oportunidad al respecto.
Para YG Consultores, cumplir con las obligaciones antilavado no es una tarea sencilla para cualquier sujeto obligado, pues se requiere realizar una inversión en tecnología.
Fuente: El Economista.